Las oficinas de farmacia afrontan unos meses de enorme intensidad normativa. Cambios laborales, nuevas obligaciones de digitalización y reformas importantes de la legislación sanitaria se están produciendo prácticamente al mismo tiempo.
Hace unos días, durante el Congreso de Derecho Farmacéutico celebrado en el ICAM, uno de los ponentes hablaba de un auténtico “tsunami normativo”.
Creo que la expresión refleja bastante bien el momento actual. Y el problema no es únicamente el número de normas, sino que muchas de ellas afectan a un sector formado mayoritariamente por pequeñas empresas que, al mismo tiempo, prestan un servicio sanitario esencial.
Por ello, más que nunca, anticiparse será fundamental.
Incertidumbre en el ámbito laboral
Una de las principales preocupaciones continúa siendo la negociación del XXVI Convenio Colectivo Estatal de Oficinas de Farmacia.
Las posiciones entre patronal y sindicatos siguen enfrentadas. Desde las organizaciones sindicales se habla de bloqueo de la negociación, mientras que FEFE sostiene que no existe tal bloqueo.
Más allá de las posiciones de cada parte, hay una realidad: la prolongación de esta situación no beneficia a nadie. Cuando un sector permanece durante demasiado tiempo sin un nuevo convenio, se genera incertidumbre tanto para los titulares de las oficinas de farmacia como para sus trabajadores. Y esa incertidumbre dificulta la planificación salarial, la organización de las plantillas y, en definitiva, la gestión diaria de la farmacia.
A ello se añaden otras reformas laborales de ámbito nacional. Continúa pendiente la evolución de cuestiones como el registro horario o la posible reducción de la jornada laboral, que tendrían una incidencia especialmente importante en un sector con horarios de apertura amplios y una organización de turnos compleja.
Además, acaba de aprobarse nueva normativa en materia de condiciones laborales transparentes y previsibles, que refuerza la información que debe recibir el trabajador respecto de sus condiciones de trabajo. Habrá que analizar qué nuevas obligaciones prácticas supone para las oficinas de farmacia, especialmente en las nuevas contrataciones.
veri*factu: otro reto importante de adaptación
Otro de los grandes cambios que tiene por delante la oficina de farmacia es la adaptación de sus sistemas de facturación a Veri*Factu, cuya entrada en vigor para las farmacias está prevista para el 1 de julio de 2027.
Aunque todavía queda tiempo, no es una cuestión menor. La adaptación a Veri*Factu no consiste simplemente en actualizar o instalar un programa informático. Para muchas oficinas de farmacia supondrá revisar sus sistemas de gestión, coordinarse con sus proveedores tecnológicos, formar al personal y adaptar procedimientos internos.
Y todo ello supone costes económicos, administrativos y de tiempo que tienen especial incidencia en un sector formado mayoritariamente por pequeñas empresas.
Además, esta transformación se produce en un contexto europeo de creciente digitalización de la facturación. El paquete europeo VAT in the Digital Age (ViDA) establece nuevas obligaciones digitales vinculadas a la facturación electrónica y al suministro de información, especialmente en operaciones transfronterizas, a partir de 2030.
Por eso, distintas organizaciones del sector están planteando la conveniencia de que las sucesivas obligaciones tecnológicas se diseñen de forma coordinada y teniendo en cuenta la realidad de las oficinas de farmacia.
No se trata de cuestionar la digitalización. Se trata de procurar que su implantación sea proporcionada, útil y compatible con las futuras exigencias europeas, evitando, en la medida de lo posible, inversiones y adaptaciones sucesivas que incrementen innecesariamente las cargas de las farmacias.
Madrid: pendiente del desarrollo de la ley de farmacia
En la Comunidad de Madrid continúa avanzando el desarrollo reglamentario de la Ley 13/2022, de Ordenación y Atención Farmacéutica.
Según las últimas informaciones, su tramitación se encuentra ya muy avanzada y existe la expectativa de que el nuevo reglamento pueda aprobarse antes de finalizar el año.
Estamos ante una norma de enorme importancia práctica porque va a desarrollar cuestiones que afectan directamente al funcionamiento cotidiano de las oficinas de farmacia.
Entre ellas se encuentra la regulación de horarios y presencia profesional, estableciendo determinadas exigencias respecto al número de farmacéuticos en función del horario y las características de apertura de la farmacia.
También se desarrollará la regulación de los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD). Se trata, sin duda, de una oportunidad para reforzar el papel asistencial de la farmacia y mejorar la adherencia a los tratamientos, especialmente en determinados pacientes. Pero será también una actividad sometida a importantes requisitos y controles, por lo que habrá que analizar con detalle las condiciones exigidas para su prestación.
Y probablemente una de las cuestiones que genere mayor debate sea la atención farmacéutica domiciliaria y la dispensación con entrega informada en el domicilio.
Aquí se abre un ámbito con enormes posibilidades, especialmente para pacientes vulnerables o con dificultades para desplazarse, pero también con numerosos interrogantes. Habrá que delimitar claramente quién puede acceder a estos servicios, quién puede prestarlos, bajo qué condiciones y con qué garantías.
una nueva ley de medicamentos para una realidad completamente diferente
A nivel nacional, el cambio puede ser todavía más profundo.
Actualmente se encuentra en tramitación el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que pretende actualizar un marco normativo cuyo origen se remonta a la Ley de 2006 y cuyo texto refundido vigente fue aprobado en 2015.
Desde entonces, la realidad sanitaria, científica, tecnológica y social ha cambiado enormemente.
Hoy convivimos en un entorno analógico y digital. Han aparecido nuevas formas de prestación de servicios, nuevas tecnologías, nuevos medicamentos y nuevas formas de relacionarnos con el paciente.
Pero hay un principio que no debemos olvidar: lo que no es legal en el mundo analógico tampoco pasa a serlo simplemente porque se traslade al entorno digital.
El reto consiste precisamente en adaptar las normas a esta nueva realidad garantizando al mismo tiempo la seguridad del paciente, la calidad de la prestación farmacéutica y un acceso lo más equitativo posible a los medicamentos.
Y no será sencillo, porque en el ámbito sanitario confluyen numerosos intereses y agentes diferentes. Como se recordó recientemente en el Congreso de Derecho Farmacéutico del ICAM, las normas sanitarias tienen además un enorme impacto social: se dictan para el conjunto de la población y sus efectos trascienden ampliamente a los propios profesionales del sector.
financiación de medicamentos y precios dinámicos
Junto al Proyecto de Ley de Medicamentos se está tramitando también el Proyecto de Real Decreto sobre financiación y fijación de precios de medicamentos y productos sanitarios.
Existe cierta incertidumbre acerca de cuál de las dos normas verá finalmente la luz primero. El calendario legislativo de los próximos meses es limitado y habrá que esperar para comprobar cómo avanza cada tramitación.
Una de las novedades más relevantes del proyecto de Real Decreto es la introducción de los denominados precios dinámicos.
¿En qué consisten?
Simplificando mucho, se pretende evolucionar desde un sistema más estático hacia un mecanismo en el que determinados precios puedan ir adaptándose a la competencia real existente en el mercado.
Cuando aparecen medicamentos competidores —especialmente genéricos o biosimilares— y aumenta progresivamente su presencia en el mercado, el sistema puede permitir revisiones del precio máximo financiado. Se pretende así que la competencia y la evolución efectiva del mercado tengan una mayor incidencia en la fijación de precios.
El objetivo declarado es favorecer la competencia y contribuir a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, habrá que esperar a la redacción definitiva para conocer exactamente cómo se articula y, sobre todo, analizar qué consecuencias puede tener para todos los agentes de la cadena farmacéutica.
Nos encontramos, por tanto, ante meses de enorme intensidad normativa.
Muchas de estas normas todavía están en tramitación y pueden sufrir modificaciones importantes antes de su aprobación definitiva. Precisamente por ello, la farmacia no debería limitarse a esperar a que las normas se publiquen en el BOE para comenzar a actuar.
Anticiparse, conocer lo que viene, analizar su impacto económico y organizativo y adaptar progresivamente los procesos será la mejor manera de afrontar un escenario en el que la regulación, la digitalización y el papel sanitario de la oficina de farmacia van a seguir ganando protagonismo.
